Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objetivo de ampliar las causales de expulsión del país, reforzar la revocación de permisos de residencia y aumentar las prohibiciones de ingreso. Con esto, la iniciativa se despacha al Senado.

“Es un avance importante para una migración ordenada, segura y regular. Esperamos avanzar pronto en el Senado para que este proyecto sea ley”, señaló la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien agregó que “con esta nueva norma se amplían las causales de prohibición de ingreso al país y se incorporan datos biométricos en el registro de extranjeros en situación irregular, se protege a los niños, niñas y adolescentes y se establecen sanciones para el negocio de transporte de migrantes irregulares”.

El proyecto incorpora como nuevas causales de expulsión para extranjeros el haber sido condenados por delitos graves como extorsión, sicariato, uso y porte ilegal de armas, explotación sexual y violencia intrafamiliar.

Además, se establece que aquellas personas sancionadas tres o más veces por faltas tipificadas en el Código Penal o seis o más veces por faltas que son competencia de los Juzgados de Policía Local, como ruidos molestos, riñas o comercio ambulante, podrán ser sancionadas con la revocación de su permiso migratorio.

La propuesta también incluye nuevas prohibiciones de entrada al país para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, como la asociación criminal y el porte de armas, violación, estupro, explotación sexual y violencia intrafamiliar.

En esta línea, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó la inclusión de la violencia intrafamiliar y señaló que “es una gran noticia que este proyecto avance al Senado porque perfecciona la Ley de Migración y Extranjería en distintos ámbitos, y nos da más facultades para asegurar una migración ordenada y regular”.

Esta iniciativa contempla el endurecimiento de las penas por tráfico ilícito de migrantes y nuevas sanciones para quienes promuevan ingresos clandestinos al país y faciliten su transporte desde la frontera hacia el interior del territorio.